Las personas físicas que ejercen una actividad económica por cuenta propia, es decir los trabajadores o empresarios independientes, así como las microempresas que cuentan escasamente con tres o cuatro trabajadores, forman la base fundamental de toda la estructura empresarial española. Este colectivo está formado por más de dos millones de unidades empresariales, en el entorno del 85% del total de las empresas españolas.

Por sus características, los autónomos y microempresarios sufren una fuerte diseminación sectorial y geográfica, así como todos los problemas propios de la reducida dimensión que condiciona su capacidad de competencia en el mercado, con relación a otras empresas, tanto españolas como europeas.

España, al contar con una estructura empresarial de menor dimensión que el resto de Europa, tiene más dificultades para asegurar su presencia en los mercados internacionales. Sin embargo, y por mucho que se potencien políticas estructurales de futuro para la reforma de este mapa empresarial, lo cierto es que a medio plazo estas características de nuestras empresas no van a cambiar, y deberemos adaptar nuestro modelo de competitividad a la realidad.

Sólo la interconexión empresarial y la asociación económica entre microempresas puede garantizar un nivel de presencia cualificado en el mercado, así como mejorar los costes de producción y afrontar retos que la pequeña empresa no podría abordar por sí misma.

Los autónomos necesitan ante todo herramientas de gestión adecuadas que permitan mejorar las condiciones de sus ofertas y su capacidad interna. Entre estas herramientas las de las tecnologías de la información y comunicación son de especial interés. El desarrollo informático de nuestros autónomos resulta todavía escaso y sin su adaptación tecnológica difícilmente podremos llegar a las medias de acceso a la Sociedad de la Información existentes en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Pero este acceso adecuado a las tecnologías sólo será posible si se dan determinados condicionamientos previos, y en particular los de conocer las verdaderas necesidades del colectivo, así como una sincera apuesta de la Administración Pública que tiene que promocionar la adaptación del sector como objetivo prioritario y no tan solo subsidiario como lo ha hecho hasta ahora.

El diagnóstico de la situación presenta un panorama poco optimista, a pesar de que el uso de la tecnología de la comunicación entre los autónomos ha mejorado en estos años sensiblemente. De la encuesta realizada por la fundación Fundetec en 2011, entre 4.200 autónomos de diversos sectores, se deducen algunas conclusiones interesantes. El 68,4% de los autónomos cuentan con equipamiento informático, pero sólo el 22% con terminal punto de venta (TPV). Entre los que están informatizados el 61,3% cuentan con aplicaciones de comunicación y el 68,7% tienen acceso a internet, pero de entre ellos sólo el 58% tiene página web, lo que reduce este dato a un escaso 30% en el cómputo general. Es muy significativo que el 97% de los autónomos que tienen internet hacen uso del mismo sólo para información, sin ningún otro aprovechamiento comercial. Por último, indicar que el 21,5% de los autónomos con equipamientos usan el certificado digital.

En conclusión, en este colectivo todavía el aprovechamiento de las TIC es muy reducido, y aparecen barreras importantes a su implantación y desarrollo, derivadas, sobre todo, de la escasa formación y capacidad de gestión.

Así pues, es necesario ante todo asegurar que la información y la sensibilización en esta materia llega al colectivo. Resultan en este terreno poco útiles las campañas demasiado genéricas. Es más acertado acercar la información, adaptarla a cada sector de actividad, ofrecer soluciones pensadas para los problemas reales de los autónomos y según las características específicas de sus empresas.

Por otra parte, no cualquier tecnología resulta útil al autónomo. En general este colectivo está aburrido de que desde todos los puntos y medios de comunicación se le acribille con siglas y conceptos tecnológicos que desconoce y que además no tiene necesidad alguna de conocer. La tecnología tiene que estar a disposición de los servicios que realmente son útiles para el autónomo, de lo contrario se puede producir una fobia tecnológica que hará ya muy difícil recuperarles para este intento.

La mayoría de las herramientas que produce el mercado no tienen en cuenta que el autónomo se encuentra sólo ante su propia gestión. Todos los instrumentos están pensados para empresas de una determinada dimensión a las que les es posible diferenciar las áreas de gestión con relación a las productivas directas. Es elemental en esta estrategia tener en cuenta que en el autónomo se produce identidad de la titularidad de la empresa, la gestión y la realización del trabajo directo.

También la formación posterior es prioritaria. El autónomo, una vez sensibilizado, tiene que contrastar que el nuevo equipamiento resulta realmente útil. No podemos abandonar la oferta formativa, hoy sólo pensada para los asalariados, y adaptarla, una vez más, a las necesidades del colectivo. Los costes también son trascendentes. Las Administraciones Públicas tiene que apostar en esta etapa por políticas activas que permitan a las microempresas el acceso a la informática y a la comunicación en las mejores condiciones posibles. Para ello serán necesarios esfuerzos presupuestarios inevitables, pero que quizá en esta ocasión sí que resulten realmente rentables.

Sebastián Reyna. Secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España)