El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Economía Social y Trabajo, continúa avanzando en el fortalecimiento y apoyo al tejido autónomo de Navarra. En el marco del desarrollo del II Plan de Trabajo Autónomo, ha puesto en marcha una iniciativa específica con la elaboración de distintos vídeos que pretenden promover el conocimiento de la Ley de Segunda Oportunidad entre las personas trabajadoras autónomas.
Esta actuación tiene como objetivo principal acercar a este colectivo una herramienta legal clave que puede resultar determinante en situaciones de dificultad económica. La Ley de Segunda Oportunidad permite a personas físicas, incluidas las personas autónomas, reestructurar o incluso cancelar sus deudas bajo determinadas condiciones, ofreciendo así una vía real para superar situaciones de insolvencia y poder retomar su actividad económica con mayores garantías.
La difusión de la Ley de Segunda Oportunidad no solo contribuye a prevenir situaciones de exclusión financiera, sino que también favorece la continuidad de proyectos empresariales viables y la protección del tejido productivo. A través de esta acción, el Gobierno de Navarra pretende garantizar que las personas autónomas dispongan de información clara, accesible y útil sobre sus derechos y las alternativas disponibles en caso de dificultades económicas. Asimismo, se busca fomentar una cultura de prevención y gestión responsable, facilitando el acceso a recursos que permitan tomar decisiones informadas.
En el año 2025 se incoaron en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra 516 concursos de persona física sin masa, es decir, en situación de insolvencia y sin bienes para liquidar, un 8% más que en 2024.
El Segundo Plan de Trabajo Autónomo reafirma así su compromiso con el acompañamiento integral al colectivo autónomo, promoviendo medidas que no solo impulsen su crecimiento, sino que también ofrezcan respaldo en momentos críticos.
El Gobierno de Navarra se encuentra actualmente en proceso de elaboración del III Plan de Trabajo Autónomo, en el que se prevé dar continuidad y reforzar las acciones de información y sensibilización en materia de la Ley de Segunda Oportunidad, con el objetivo de seguir apoyando a las personas trabajadoras autónomas en la gestión de sus dificultades económicas y en la consolidación de sus proyectos profesionales.
Alivio económico y emocional
La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta legal creada específicamente para permitir que personas físicas, y especialmente autónomas que atraviesan una situación económica insostenible, puedan liberarse de deudas y empezar de nuevo. Esta ley ofrece una salida real, legal y eficaz para que las personas solicitantes puedan recuperar su estabilidad. Introducida en 2015, y regulada en el Texto Refundido de la Ley Concursal, esta norma brinda la posibilidad de cancelar total o parcialmente las deudas cuando la persona ha actuado de buena fe y ya no puede hacer frente a sus obligaciones.
El mecanismo está pensado para personas autónomas que tengan deudas con Hacienda, con la Seguridad Social, con bancos o con proveedores. Puede acogerse a él cualquier persona autónoma que se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente y que haya actuado de buena fe. El hecho de actuar de buena fe implica no haber ocultado bienes, no haber generado deudas de forma fraudulenta, y no tener antecedentes penales por delitos económicos o patrimoniales, entre otros requisitos. También es requisito indispensable no haberse beneficiado de este mecanismo en los últimos cinco años.
Los beneficios de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad son especialmente significativos para quienes trabajan por cuenta propia porque ofrece la posibilidad de cancelar todas las deudas, suspender embargos, paralizar juicios y salir de los ficheros de morosidad, favoreciendo un alivio económico y emocional.
El alcance de esta ley es amplio y permite incluir prácticamente todas las deudas habituales del colectivo autónomo. Desde préstamos personales, créditos bancarios y tarjetas de crédito, hasta deudas comerciales, facturas impagadas, alquileres, suministros, así como deuda con Hacienda y con la Seguridad Social. Incluso en el caso de hipotecas, la ley ofrece mecanismos de reestructuración que permiten en muchos casos conservar la vivienda habitual.
Las fases del proceso
El proceso judicial se divide en dos fases. En primer lugar, el juez declara el concurso después de comprobar que el solicitante cumple los requisitos legales, lo que supone la paralización automática de embargos, ejecuciones y reclamaciones. Después, se abre la posibilidad de solicitar la Exoneración del Pasivo Insatisfecho, que es el mecanismo mediante el cual finalmente se cancelan las deudas.
Esta exoneración puede obtenerse mediante la liquidación de bienes o mediante un plan de pagos que permite conservar los activos esenciales, como la vivienda, y que suele extenderse durante tres o cinco años. Aunque la tramitación de este procedimiento puede parecer un tanto compleja, desde el primer momento, es decir, desde la declaración del concurso, la persona autónoma deja de sufrir la presión económica que arrastraba.