Es público y notorio que algunos ayuntamientos y demás entes locales están atravesando importantes dificultades económicas y de financiación que han conllevado el impago y retraso de sus facturas y, por ende, un gran perjuicio a sus proveedores de obras, servicios y suministros, que observan con desesperación una situación de impago que se alarga en el tiempo.