Dicha obligación se recoge genéricamente en el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

Con esta norma se establece una regulación general aplicable a todo el sistema fiscal y no sólo a impuestos concretos. Recordemos que el artículo 27.5 E) de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, establece la obligación de conservación de los documentos que se determine, de tal modo, que la justificación de gastos, reducciones o minoraciones en el ámbito tributario se realiza a través de la oportuna factura.

La obligación se configura con carácter general respecto de los empresarios o profesionales sujetos tanto al régimen general como a los regímenes especiales del IVA, por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad (incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas de IVA, como puede ser el caso de servicios médicos o financieros); incluyendo los pagos anticipados.

Esta obligación implica el cumplimiento de los siguientes puntos:

  • Expedir y entregar factura u otros justificantes por las operaciones realizadas en el ámbito de una actividad empresarial o profesional.
  • Conservar copia o matriz de las facturas emitidas.
  • Conservar las facturas u otros justificantes recibidos de otros profesionales o empresarios por las operaciones de las que sean destinatarios y que se efectúen en el desarrollo de su actividad.