La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA considera que la intención del Gobierno de abordar un mecanismo legal que permitirá a autónomos y empresas cobrar todas las cantidades que les adeudan las administraciones, es una medida muy importante que supone un balón de oxígeno para cientos de miles de autónomos que en estos momentos están atravesando una situación realmente complicada.

La decisión del Gobierno de que los ayuntamientos envíen antes del 15 de marzo la lista de facturas pendientes de pago que mantienen con proveedores, permitirá establecer un mecanismo más ágil para que el autónomo pueda cobrar las facturas pendientes.

“Una vez que se ponga en marcha, se trata de una medida de la que se beneficiarán más de 1.400.000 autónomos que, directa o indirectamente, padecen la morosidad pública, y que supone acabar con una de las lacras que en estos momentos está lastrando la actividad de miles de autónomos -apunta Lorenzo Amor, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA-. El balance de la morosidad de las Administraciones Públicas en los últimos cuatro años no puede ser más negro: una deuda de 15.300 millones de euros sólo a autónomos, más de cuatro millones de facturas impagadas, lo que ha provocado el cierre de 350.000 autónomos y ha enviado a más de 800.000 trabajadores al paro”.

ATA recuerda que la morosidad de las Administraciones Públicas se ha convertido en el principal foco de destrucción de autónomos, empresas y empleo. La media de cobro se sitúa en 164 días, cifra similar a Grecia, y que prácticamente triplica la media de la Unión Europea, a pesar de que en España la actual Ley de Morosidad establece el pago a proveedores en 40 días, Ley que incumple el 97% de las Administraciones.

“La Reforma Laboral sí tendrá éxito si viene acompañada de una medida como esta -señala Lorenzo Amor, Presidente de ATA-, ya que para un autónomo uno de sus principales objetivos es poder cobrar los trabajos que realiza para de este modo poder contratar y generar empleo, no como hasta ahora, que los impagos significaban destrucción de empleo. Si se soluciona este problema de la morosidad, serán muchas las empresas que se planteen la posibilidad de contratar”.

“Esperamos que con la estabilidad presupuestaria que el Gobierno va a poner en marcha y que va a obligar a las administraciones públicas a no gastar más de lo que ingresan -apunta el Presidente nacional de ATA- la morosidad pública se trasforme en un fantasma del pasado y empiece a cumplirse la ley de morosidad, que para este año prevé el pago de las Administraciones a 40 días y para el próximo 2013, en 30 días”.

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calificó ayer de “excesivas” las exigencias que establece el Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes para financiar las deudas pendientes de las administraciones locales con sus proveedores. “No parece sensato que, además de la espera, tengamos que aceptar una quita y renunciar a los intereses”, señaló Álvaro Bajén, el secretario general de esta organización en Aragón.

Así, UPTA denuncia que, sin conocerse todavía el mecanismo definitivo de financiación que se utilizará, la norma fija “descuentos prácticamente obligatorios” en las facturas para poder acceder al cobro de las mismas y exige que el proveedor renuncie al cobro de los intereses generados por la deuda. En este sentido, UPTA propondrá que las deudas menores de 10.000 euros contraídas hace más de tres meses tengan prioridad en el pago y no soporten quita ni del principal ni de los intereses generados. “En la práctica se trata de un concurso de acreedores de carácter colectivo de las administraciones locales, en la que hay una espera para cobrar, hasta ahora indeterminada, pero también una quita sustancial, ya que se debe renunciar a parte del principal y a todos los intereses generados por el retraso en el pago”, denunció el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna.

Tampoco está de acuerdo con la cifra de 15.000 millones de euros que se considera que las administraciones tienen de deuda con este colectivo. “Es un dato aleatorio que no está contrastado”, opinó Bajén. “Se sabe que desde que comenzó la crisis han caído 200.000 autónomos y pymes, pero no se es por culpa de lo que les deben instituciones, ayuntamientos y comunidades autónomas”, añadió. Su argumento parece claro: “Los autónomos tenemos muy difícil acceso a la contratación pública, y principalmente la deuda la tenemos con la empresa que nos ha subcontratado”.

Los ayuntamientos españoles deberán enviar al Gobierno, antes del 15 de marzo, la lista de facturas pendientes de pago que mantienen con proveedores, y hasta el día 31 de ese mes les podrá requerir que establezcan un plan de viabilidad para afrontarlos.