La Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, manifestó ayer que el ejecutivo foral impulsará la simplificación y agilización administrativa, para que los ciudadanos y las empresas puedan abrir negocios, emplearse y emplear, sin encontrar en ello trabas administrativas.

Así lo indicaron a los representantes de Colegios Profesionales de Ingeniería con quienes se reunió para analizar los mecanismos de colaboración y participación que se puedan establecer para lograr agilizar las tramitaciones administrativas y llevarlas a cabo con mayor rapidez y seguridad.

Según informó el ejecutivo foral, al encuentro asistieron José Miguel del Amo Villarías (delegado del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco), José Javier Boulandier ( miembro de la junta del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Navarra y La Rioja), Miguel Iriberri y Elena Alemán (decano y gerente, respectivamente, del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra), Gaspar Domench Arrese (decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra), Antonio Rodríguez (gerente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra), Miguel González García (decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Norte de España) y Enrique Aresti Pardo (decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de País Vasco, Navarra, La Rioja y Soria).

Los representantes de los Colegios Profesionales citados (que suman más de 7.000 profesionales) trasladaron a la Presidenta su disposición a continuar colaborando con la Administración en la mejora de estos procedimientos, que repercuten de forma directa en la economía y desarrollo de Navarra. En realidad, el Gobierno de Navarra y los colegios llevan más seis años colaborando y trabajando en este sentido, y de hecho los colegios participaron activamente en la elaboración de la Ley Foral 15/2009 de Medidas de Simplificación Administrativa.

Ahora, este colectivo de profesionales quiere seguir ayudando y participando, tanto en la elaboración de los protocolos como en la difusión de estos entre sus propios colegiados, y la sociedad civil en general. Consideran, por su vocación de servicio, que su deber es facilitar que las actividades se pongan en marcha de la manera más rápida y con la mayor garantía de seguridad posible.

Así, algunas de las acciones a realizar, a juicio de los Colegios Profesionales, serían la puesta en marcha de una nueva clasificación de las actividades en función de su impacto ambiental; la reducción de plazos; la redefinición del contenido y el alcance de la documentación a presentar para unificar criterios; además de la utilización de tecnologías digitales que agilicen y faciliten las tramitaciones.