La comisión de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del parlamento de Navarra aprobó ayer una resolución por la que se insta al Gobierno foral a exigir a las empresas que quieran ayudas financieras, el compromiso de someterse a autorización administrativa previa en el caso de una regulación de empleo.

La iniciativa, impulsada por NaBai, contó con el voto a favor de UPN, PSN, NaBai, Bildu e I-E y el voto en contra de PPN, según informó la Cámara navarra.

En ella se insta al Ejecutivo a establecer, “como condición, a las empresas en dificultades que quieran acogerse a líneas de apoyo financiero para la financiación de su circulante o la reestructuración de su pasivo financiero, su compromiso fehaciente de someterse a autorización administrativa previa en el caso de que inicien un proceso de regulación -suspensión de contratos o reducción de jornada-, de modificación de condiciones salariales por debajo de convenio -descuelgue de convenio en materia salarial- o de extinción de contratos -despido colectivo-“.

Ese compromiso estará vigente “hasta la cancelación de las ayudas prestadas por el Ejecutivo y no afectará a la tramitación judicial -social y no contencioso-administrativa- ni a los derechos reconocidos a los trabajadores y a sus representantes en la nueva reforma laboral ante decisiones adoptadas por el empresario, tanto en el caso de que se produzcan con el visto bueno de la Administración como en el caso de que el empresario las adopte sin dicho visto bueno”.

En la exposición de motivos, la moción sitúa su iniciativa en la pretensión de restaurar el papel de “mediador” que el Gobierno de Navarra ha venido desempeñando en la tramitación de los expedientes de regulación y extinción de contratos, papel ahora abolido por la reforma laboral, que dota al empresario de “libertad” para tomar decisiones en ese ámbito.

El grupo proponente entiende que, aunque la competencia en materia laboral es estatal, el Ejecutivo Foral aún tiene margen para, en el marco de sus “atribuciones” y a través del “programa de avales para operaciones de circulante”, establecer “condiciones” a los gestores y/o accionistas de las empresas.